Publicación de la Red Nacional de Mujeres

Excombatientes de la Insurgencia

El sistema  de Justicia Especial para la Paz –JEP– no contempla un mecanismo de juzgamiento especial para las FARC, sino que contempla los mismos modelos, las mismas limitaciones y las mismas sanciones para todos los actores del conflicto. Todos los delitos van a ser castigados y dependiendo del grado y el momento  de reconocimiento de la verdad, la sanción será cárcel o acción restaurativa.

 

 

Por: Luz Bibiana Pineda R.

Periodista. www.ypensandolobien.com

 

Conocedor profundo de la realidad política y social de Colombia, el abogado español Enrique Santiago Romero, ha sido una de las personas clave para llegar a la firma del difícil proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Gracias a la intervención y el talante tozudo de Santiago, la vieja guerrilla colombiana no se levantó de la mesa de negociación en La Habana hasta firmar, junto con el gobierno de Juan Manuel Santos, el fin de su guerra y la dejación de las armas que empuñaron durante los últimos 52 años.

 

Santiago, curtido desde muy joven en las batallas ideológicas de la izquierda española, se supo ganar el respeto de una contraparte diestra en la marrullería política, que reconoce en su papel de asesor jurídico, un mástil necesario para que aquel barco que zarpó hace cinco años llegara a buen puerto.

 

Si muchos colombianos amenazados salvaron su vida gracias a su intervención, cuando se desempeñó como secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, muchos son los que hoy le agradecen y muchos más serán los que en un futuro le reconocerán su valioso aporte en la negociación de un pacto que requería tejerse con filigrana diplomática, destreza negociadora, habilidad política, actitud conciliadora, expansión mental, conocimiento de los entresijos políticos, históricos y culturales de un país tan complejo como Colombia y mucha, pero mucha paciencia, condiciones que Enrique Santiago demostró tener inagotablemente.

 

Abierto, cercano y con una gran sonrisa, me recibió en su despacho de Madrid para hablar de la justicia en el acuerdo final.

 

La 13: Para ubicarnos en la negociación del proceso colombiano ¿Qué otras experiencias han necesitado detener conflictos similares con modelos especiales de justicia?

 

E.S.: A diferencia de otros procesos de paz que ha habido en Colombia, éste no otorga una amnistía ilimitada y difiere con otros procesos en América Latina como el de El Salvador -por ejemplo- que sí otorgó una amnistía ilimitada, algo que la justicia salvadoreña declaró inconstitucional 30 años después de haberse acordado.

 

En primer lugar este es un modelo de no impunidad y una aplicación estricta del Derecho Internacional Humanitario, DIH. Se parte del reconocimiento de un conflicto armado interno, algo que no ha sido posible sino hasta el año 2011 con la aprobación de la Ley de Víctimas (1498/11).

 

En la mesa de conversaciones de La Habana se desestimó el denominado Marco Jurídico para la Paz (modelo previamente acordado por el Estado unilateralmente) con reformas que construían un modelo mal llamado de Justicia Transicional, basado únicamente en el juzgamiento de los denominados máximos responsables. Esto fue rechazado por parte de las FARC en la mesa de conversación, porque entendían que no era un problema de juzgar a los máximos responsables, sino que para acabar con la impunidad se debían examinar las responsabilidades de todo aquel que las tuviera. Esto al margen de qué tratamiento se diera a esas responsabilidades, lo cual es otra cuestión.

 

Al respecto, el Estado colombiano tenía una confusión digamos que “interesada”, porque cuando hablaba de los máximos responsables, se refería únicamente a los que vestían uniformes. Es decir, planteaban la selección de un conjunto de los máximos jefes guerrilleros y otro de altos mandos del ejército para procesarlos con procedimientos ejemplarizantes. Algo, claro, que recibió el no rotundo de las FARC, quienes argumentaron que ello dejaba estructuralmente un modelo de alta impunidad, pues se debe tener en cuenta que por parte de la guerrilla está claro quiénes son, pero por parte del Estado no, porque la responsabilidad no solo corresponde al grupo de los altos oficiales del ejército, sino que atañe a los presidentes de la república, a los consejeros, a los ministros, a los congresistas y a un largo etcétera, algo que dice taxativamente el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

 

Ante tal evidencia el Estado decidió cambiar de criterio, pues no contaban en ningún momento con que entre los máximos responsables de la guerra en Colombia debían incluir al poder político ostentado por los civiles, porque han sido ellos quienes históricamente han tenido el control del ejército; nada comparado con Argentina, Chile, Perú, o algunos países de América Central que han tenido historia constante de dictaduras militares.

 

La13: ¿Qué es lo innovador del proceso?

 

E.S.: Que ha sido el único modelo en el mundo en el que, en relación con el grado de verdad que se ofrezca, será el tratamiento judicial. Además, es el único modelo de justicia para la paz donde se duplican las instituciones encargadas de conocer la verdad. Esto es, hay una Comisión de la Verdad y hay una Sala Judicial de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidades en la Jurisdicción Especial para la Paz, algo que no había ocurrido nunca, y el tratamiento, dependiendo de que se reconozca en un lugar u otro, es distinto.

 

Con el acuerdo se ha creado una nueva fiscalía especial para perseguir el paramilitarismo, con autonomía e independencia dentro de la Fiscalía General del Estado. Se ha modificado el sistema de alertas tempranas, de tal forma que se ha eliminado el veto que históricamente tenía el Ministerio de Defensa, y ésta ya no va a depender de vetos de ninguna institución, pues va a ser un sistema activado por los puntos focales sobre el terreno, ya sean por medio de organizaciones de derechos humanos, de personeros de paz, etcétera, que al final tendrá que depender de la Defensoría del Pueblo y sin veto.

 

La13: ¿Según este modelo, cómo se puede entender que la justicia se aplique de acuerdo con los grados de verdad, cómo se construye un modelo capaz de procesar ocho millones y medio de victimizaciones y cien mil victimarios en 52 años de conflicto?

 

E.S.: Hay que partir de la base de que el Derecho Internacional no habla en ningún sitio de que la justicia deba ser una sanción retributiva exclusivamente, o sea, una sanción de cárcel. Lo que dice es que las sanciones tienen que ser proporcionadas y genuinas. Sin embargo, es obligación del Estado garantizar los derechos de las víctimas conforme al Derecho Internacional y eso hay que compatibilizarlo con la obligación de investigar, perseguir y sancionar en caso de graves violaciones de los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, garantizando los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

 

Hay dos formas de alcanzar la impunidad. Una, es carecer de leyes positivas que exijan responsabilidad por determinadas infracciones. Otra, es construyendo un modelo absolutamente ineficaz e incapaz de procesar las responsabilidades, porque se puede tener excelentes normas positivas, pero si el modelo es ineficaz, al final el resultado es el mismo: impunidad.

 

Un ejemplo de esto es la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005). Suponiendo que esta ley sea estupenda, doce años después de estar funcionando la jurisdicción, arroja 36 sentencias y 150 condenados sobre un universo de 30 mil postulados, de los cuales 8 mil han cumplido el máximo de sanción penal (8 años) sin que nadie los juzgue -lo cual es una barbaridad desde el punto de vista del derecho a la defensa y del derecho al debido proceso- y, los otros 22 mil están perdidos, o sea, nadie sabe dónde están. Y esto, precisamente, era lo que no querían las FARC.

 

Por presiones de la oposición, en el Segundo Acuerdo de La Habana, el Gobierno colombiano insistió en limitar el tiempo de aplicación de la Jurisdicción Especial para La Paz, JEP, y finalmente quedó limitado a un periodo de 15 años, que pueden ser ampliables, pero el reto en principio es procesar todo en estos 15 años que van, no desde que se haya aprobado el acuerdo, sino a partir de cuando entre en funcionamiento.

 

Tenemos millones de victimizaciones y cientos de miles de victimarios, así que para evitar que la guerra militar se convierta en jurídica y normalizar al máximo posible los procesos de reconciliación y convivencia, intentando, igualmente, garantizar al máximo también los derechos de las víctimas a la verdad y no repetición, el sistema estimula constantemente el reconocimiento temprano y voluntario de la verdad y las responsabilidades. Cuanto más pronto se reconozcan estos puntos, la sanción tiene una carga más restaurativa; es decir, la sanción es una obligación de reparar el daño causado. Si por el contrario, no se admite verdad, o se hace tardíamente dificultando el procesamiento y complicando el funcionamiento del sistema, la sanción será cada vez más retributiva, para acabar convirtiéndose en una sanción exclusivamente de prisión y de larga duración que puede llegar hasta los veinte años.

 

Foto: media.jornada.com.mx

 

La13: ¿Los farianos culpables de delitos graves tendrán cárcel?

 

E.S.: Nadie ha dicho que no la tendrán. Esta es una de las grandes mentiras que se difunden insaciablemente. El acuerdo dice que ningún miembro de las FARC será extraditado a los Estados Unidos, pero en ningún punto dice que por esos delitos, por los que son solicitados en extradición, no vayan a ser juzgados. Sí que van a ser juzgados, pero en Colombia.

 

En ningún lugar del acuerdo dice que para las FARC no vaya a haber cárcel, igual que no dice que para los militares, o para los políticos, o para los financiadores del paramilitarismo no la vaya a haber. El sistema no contempla un mecanismo de juzgamiento especial para las FARC, sino que contempla los mismos modelos, las mismas limitaciones y las mismas sanciones para todos los actores. Todos los delitos van a ser castigados y dependiendo del grado y el momento  de reconocimiento de la verdad, la sanción será cárcel o acción restaurativa.

 

La13: ¿Quiénes serán los encargados de impartir justicia?

 

E.S.: El acuerdo no exige que los jueces sean expertos en derecho penal o que sean jueces de carrera. Lo que exige es que sean colombianos con experiencia mínima de diez años en el ejercicio del derecho y expertos en derechos humanos, en Derecho Internacional Humanitario y en resolución de conflictos. Los jueces que se incorporan al Sistema serán nuevos, seleccionados por el Comité de Escogencia, que está compuesto por tres personalidades internacionales y dos colombianos.

 

La13: ¿Qué beneficios tiene para Colombia la aplicación de la Justicia Especial para La Paz?

 

E.S.: Permitiría, si funciona, acabar con la impunidad. Permite reparar a las víctimas y posibilita, de alguna forma, cerrar la herida histórica que es, en cierto sentido, terminar el conflicto porque de lo que se trata es de acabar y suprimir la violencia de la vida política.

 

Todos los acuerdos parciales (que conforman el gran acuerdo de paz) como la  participación política, la reforma rural, las  víctimas y la justicia, son convenios que tienen muchas medidas encaminadas a terminar con la violencia y erradicar el paramilitarismo. En este último aspecto y como hecho sin precedentes ¡gracias al acuerdo! por primera vez se aprobó constitucionalmente la prohibición del paramilitarismo y esto sorprende bastante, porque en Colombia no existía ninguna norma, ni ninguna ley que lo prohibiera.

 

Un modelo que no contemplara medidas alternativas a la prisión (a cambio de verdad), difícilmente iba a conseguir acabar con el conflicto, porque una cuestión bastante evidente es que nadie se desarma para que lo metan a la cárcel después de una guerra de más de cincuenta años.

 

La13: ¿Por dónde podría tambalear el proceso?

 

E.S.: Hay muchas maneras, porque tiene muchísimos enemigos. En primer lugar, que el Estado no ponga a disposición los recursos económicos necesarios. En segundo lugar, que los jueces que van a asumir la Jurisdicción Especial para la Paz no comprendan, o no se quieran dar cuenta de que no se trata de un modelo penal. Y, como tercera medida -que no es poco- que el santanderismo y leguleyismo habitual colombiano acabe convirtiéndolo en una maquinaria ingestionable.

 

Este sistema solamente alcanzará sus objetivos si funciona de una forma ágil, si no se complica y se simplifica, condiciones que son contrarias a lo que es la práctica habitual en Colombia, donde se enreda hasta un aplauso y en donde a la mayoría de los abogados les encanta utilizar el derecho para crear problemas, no para solucionarlos, como es la filosofía del derecho. En Colombia los abogados se preocupan más de las formas procesales y de los procedimientos que de las normas sustantivas del fondo del asunto.

 

Otro enemigo importante es que el Acuerdo de La Habana se modifique en el trámite parlamentario, intención que ya se puede advertir dado todos los actores interesados en la impunidad. Si se hurga un poco lo que han sido los acuerdos de paz en Colombia, se puede ver que todos han acabado en situación de impunidad y nadie ha mirado las amnistías generales.

 

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, dice que a pesar de que en Colombia el principal victimario es el paramilitarismo, seguido de la fuerza pública y solamente en tercer lugar -esto según datos de la Unidad de Víctimas del Ministerio del Interior-, todas las organizaciones guerrilleras juntas, la insurgencia es la que históricamente ha sido objeto de los esfuerzos de persecución desproporcionados por parte del Estado.

 

Esto lo que quiere decir es que quienes no han disfrutado de impunidad en Colombia, han sido las organizaciones insurgentes y que la mayor impunidad la han disfrutado los grupos paramilitares y dentro de éstos, no todos sus miembros ni jerarquías. En los últimos años ha habido un avance en la persecución de los uniformados, pero la gran bolsa de impunidad, según la CPI,  está en los instigadores, los financiadores y los organizadores.

 

Hasta hace muy poco tiempo ha habido también mucha impunidad en los miembros de la fuerza pública. En los últimos años, igualmente ha comenzado a haber avance al respecto y se han comenzado a ver procedimientos, que si bien no acaban con la impunidad, la fiscalía de la CPI constata un muy paulatino avance en esta materia, quedando aún mucho por hacer.

 

 

La13: ¿Qué puntos hay que fortalecer en el acuerdo?

 

E.S.: Desde luego, creo que la reforma rural tenía que haber ido mucho más adelante y habría que darle más fortaleza a las instituciones pensadas para combatir el paramilitarismo. Creo también que el Estado fue muy cicatero y contrario a lo que piensa la opinión pública colombiana, los programas de reincorporación de guerrilleros son escasísimos.

 

Para que lo tenga claro la gente, lo único que se da a los guerrilleros es un salario de reincorporación de un máximo de hasta 24 meses -porque si antes encuentran empleo, dejan de percibirlo- equivalente al 90 por ciento de un salario mínimo. Luego, pueden acceder a una ayuda individual y por una sola vez de 8 millones de pesos, esto, solamente si es para algún proyecto productivo.

 

 

En el supuesto de que a todos, absolutamente todos los miembros de las FARC les fueran a mantener esa ayuda económica durante el tiempo máximo, es decir, los 24 meses y a su vez todos solicitaran los 8 millones de pesos para el proyecto productivo, la suma de todo el presupuesto que el Estado va a invertir en los programas de reincorporación equivale al presupuesto militar (de guerra) de diez días.

 

Un dato para analizar y que deben conocer toda la gente en Colombia, es que un solo día de guerra le cuesta al país 22 mil millones de pesos, que es el monto equivalente a lo que gastan tres millones de familias en comida al día, según datos de Indepaz publicados por el periódico El Tiempo.  Así entonces, la verdad, yo creo que nadie ha hecho las cuentas de lo barato que sale hacer la paz en Colombia.

 

La13: Conocedores de cómo funcionan las estructuras políticas, económicas y judiciales del país, ¿cómo es que aun así las FARC deciden apostarle a sacar adelante este proceso de paz?

 

E.S.: Hay que tener en cuenta que acabar con la guerra no es tarea fácil y no es solo la responsabilidad de las FARC, que han dado este paso conscientes de que todos sus integrantes corren altísimo riesgo, algo que ya estamos viendo con el asesinato selectivo de algunos miembros y de sus familiares. La Fiscalía General no da resultados concretos ante el paramilitarismo y está intentando bloquear la puesta en marcha de la fiscalía especializada para combatirlo. Además, de momento intenta bloquear el proceso todo lo que puede y, junto a otros sectores vinculados a los grandes grupos económicos, trata de modificar en el trámite parlamentario el acuerdo de justicia, buscando que se convierta en un sistema garante de la impunidad de los de siempre.

 

De alguna forma, las FARC plantearon que no podían aceptar la justicia ordinaria tal como está planteada, porque entendían que la justicia ha sido parte del conflicto y de alguna u otra forma ha sido utilizada como arma de guerra del Estado. De esto hablan los datos que acreditan las acciones, las persecuciones unilaterales y unidireccionales respecto a un sector y no respecto a otros.

 

La situación sorprendente ha sido que es la guerrilla comunista la que ha tenido que insistir hasta el cansancio por garantizar el derecho a  la propiedad privada. El acuerdo es de modernización del país y sinceramente, lo acordado en reforma rural es el equivalente al contenido de la Ley de Tierras de 1936, que abortaron con el Pacto de Chicoral. En materia rural no significa una colectivización del campo, ni la instauración de un régimen Castro-Chavista –si alguien sabe qué es-. De hecho, han sido las FARC las que más han defendido la propiedad privada de la tierra, pero claro, para todo el mundo y no solo para los grandes latifundistas y ganaderos, sino para los pequeños y medianos campesinos y comerciantes.

 

Así es que mientras el pueblo colombiano siga dormido pensando que esto es un acuerdo pensado por y para las FARC, estamos mal. El día que ese pueblo se empodere del acuerdo y se ponga a exigir y garantizar su aplicación, el país se modernizará dejando atrás muchos conflictos históricos.

 

La sociedad colombiana aun no es consciente de lo que se negoció en la mesa de La Habana. Fuera de Colombia, entre la comunidad internacional, sí que lo es, porque es un modelo muy particular. Las FARC han acordado que se cree una nueva jurisdicción desvinculada de la justicia ordinaria y esto no es una cuestión menor.

 

La13: ¿Cómo se puede explicar el miedo de los colombianos al acuerdo?

 

E.S.: Sólo espero y deseo que el pueblo colombiano tenga la suficiente inteligencia para apropiarse del acuerdo, desechando y erradicando toda la propaganda simplista y primitiva que se está lanzando con cosas tan absurdas como las que se han dicho durante el plebiscito, como que el acuerdo impone comportamientos homosexuales, o que a los jubilados colombianos les van a quitar su derecho para dárselo a los guerrilleros y demás cosas sin sentido y sin ninguna base que, con todos mis respetos, quien se los crea no sabe dónde está parado, porque son falacias que no se sustentan en nada y que no aguantan el mínimo contraste.

 

No sé si va a pasar, o no, yo lo que espero es que la sociedad despierte su espíritu crítico y sea capaz de discriminar las argumentaciones a favor, o en contra, sobre el acuerdo de paz. Que la gente piense con cabeza propia y no por cabeza de otros y que saque él mismo sus propias conclusiones. Para mí, la conclusión evidente es que el acuerdo, lejos de suponer la instauración de un régimen socialista, o comunista, es un acuerdo que se inscribe en los baremos del estado liberal de derecho (capitalista occidental) y lo que hace es generalizar derechos y modernizar las estructuras del país.

 

La13: ¿Por qué el pueblo colombiano no cree a las FARC, después de haber dejado sus armas y pedido perdón por actos como el de Bojayá, El Club del Nogal o los concejales del Valle del Cauca, entre otros?

 

E.S.: Aquí cabría la pregunta de si ¿al Estado le creen? ¿a los grupos económicos les creen? Tal vez es que los colombianos no le creen a nadie, eso yo no lo sé. Lo que constato son los datos de la Unidad de Víctimas del Ministerio del Interior, que arrojan que el 50% de la victimización es del paramilitarismo, los mismos responsables de las motosierras, los hornos crematorios, las violaciones colectivas, las 1.100 masacres entre 1982 y el 2004 (una semanal, que en su inmensa mayoría están en absoluta impunidad) y en las que ninguna de ellas intervino la fuerza pública.

 

El segundo victimario son las fuerzas de seguridad del Estado, con lo cual concluyo, basado siempre en el informe oficial del Estado colombiano y de la Corte Penal Internacional, que la responsabilidad más reducida es la de las FARC. Ellos han pedido perdón a sus víctimas por lo que han considerado errores suyos y situaciones que jamás debieron haberse generado, en contraste con que ni el Estado, ni los paramilitares, ni los grandes grupos económicos, como victimarios, nunca han pedido perdón por nada.

 

Yo recomendaría al pueblo colombiano que en lugar de perder el tiempo con disquisiciones sobre si el perdón que piden las FARC es sincero, o no, que piensen por qué en los otros sectores nadie lo ha pedido, esa me parece una reflexión mucho más interesante, francamente.

 

En todo caso, es importante que constaten que esta iniciativa de pedir perdón probablemente tiene que ver con una visión de la vida transformadora y revolucionaria. Un revolucionario, probablemente, no teme a reconocer sus errores porque si ha cometido crímenes, el objetivo de sus actuaciones no ha sido cometerlos, mientras que en el caso del paramilitarismo ese sí que ha sido su objetivo siempre, porque han ido intencionadamente a cometerlos.

 

Igual ha sido en el caso de las violaciones del DIH y a los derechos humanos por parte de la fuerza pública que tiene una mayor y especial gravedad, pues ellos son quienes ostentan el monopolio legítimo del uso de la fuerza por mandato popular y para defender al pueblo colombiano. Es decir, que la fuerza pública vuelva las armas que le ha dado el pueblo, hacia el mismo pueblo, es alta traición, entonces, estas parecen actuaciones mucho más graves.

 

Foto: www.ipc.org.co

 

La13: En términos de justicia, el país necesita conocer las verdades ¿Cuáles son los interrogantes más grandes del conflicto que se deben despejar y sanar para transitar, ahora sí, hacia el pos conflicto?

 

E.S.: Si es en términos de justicia, lo primero que el país debe hacer es encaminarse hacia la reconciliación, desprenderse de prejuicios, informarse, estudiar la historia y el acuerdo, leer y apostar por la memoria histórica y por el conocimiento estricto de la verdad. Además, cuestionar los discursos panfletarios que solamente presentan la paz como algo negativo, cosa paradójica porque la paz nunca puede ser negativa. Cualquiera que escuche a la oposición colombiana, a los grandes grupos económicos, o a la inmensa mayoría de iglesias cristianas, podría pensar que en Colombia la paz es una tragedia y que estaban mejor en guerra.

 

Probablemente sobre lo que tenía que reflexionar el pueblo colombiano es por qué hay determinados sectores que prefieren estar en guerra. Reflexionar en que probablemente la guerra se les ha convertido en una forma de enriquecerse y en un sistema de vida que les garantiza la impunidad; entonces, en el momento en que no haya guerra, se les acaba la justificación y perderán muchas oportunidades de negocio.

 

Acabar con la guerra va a ser limitar mucho los posibles supuestos de corrupción, por ejemplo. El presupuesto público va a estar mucho más controlado, porque habrá más presupuesto en manos de los poderes locales, en los organismos de atención social y menos en manos de organismos de seguridad que son más opacos en su control.

 

Entiendo que la memoria de cualquier pueblo es imprescindible para no volver a cometer los mismos errores, así que para consolidar la restauración primero es esencial conocer la verdad y acabar con la impunidad y, que esas heridas no queden abiertas. Se debe hacer un cierre con el cumplimiento de las obligaciones que establece el ordenamiento internacional como la reparación a las víctimas, el fin de la impunidad, el reconocimiento de la verdad y la aplicación del modelo de justicia.

 

La13: ¿Qué discurso es el que se está lanzando a la población urbana?

 

E.S.: Hay sectores muy importantes en Colombia acostumbrados a vivir en la impunidad y de hecho el discurso que de alguna forma asume la población urbana y que ha tenido mucho que ver con el catastrófico resultado del plebiscito, es la impronta cultural de que los únicos culpables y responsables del conflicto son las guerrillas.

 

Que por primera vez este acuerdo establezca mecanismos concretos para atacar la impunidad de determinados sectores, especialmente ese que históricamente siempre la ha disfrutado (grandes grupos económicos y diferentes actores del paramilitarismo), es algo que tiene nerviosa a mucha gente y de ahí vienen los grandes ataques utilizando la desinformación. Sin ir más lejos, los ataques recibidos por parte del actual Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien antes de ser fiscal general desde su gabinete de abogados “casualmente” defendía a grandes empresas involucradas con el paramilitarismo y la corrupción, deja mucho que pensar. Es decir, hay grandes fuerzas y poderosos actores actualmente interesados trabajando para hacer naufragar el intento de acabar con la impunidad.

 

Los colombianos deben dejarse de tanta propaganda y empezar a pensar por sí mismos. Pero claro, para eso deben buscar la información y no como lo está haciendo, que les resulta mucho más sencillo teniendo un discurso políticamente correcto sin cuestionar las verdades oficiales. Deben tener en cuenta que los pueblos que no cuestionan estas verdades, habitualmente repiten una y otra vez los mismos errores históricos.

 

La13: ¿Qué conlleva la prohibición del paramilitarismo?

 

E.S.: Esto va a obligar a que haya avance legislativo en todas las normas de todos los órdenes internos. Así, el código penal se tendrá que modificar e introducir el desarrollo de ese artículo constitucional que lo prohíbe, estableciendo acciones de tipo penal para el paramilitarismo. Igualmente, en las normas administrativas o tributarias, estableciendo claramente cuáles son las consecuencias de éste. De la misma manera, qué tipo de indemnizaciones y obligaciones deberá tener el Estado por omisión -o por acción-. Esto mismo sucederá con el tipo de responsabilidades de la fuerza pública y demás autoridades, pues tendrá que comenzar a desarrollarse una legislación que hasta el momento no ha existido. Estos son importantes beneficios del acuerdo.

 

La13: ¿Qué posibilidad hay de que el próximo presidente que llegue a la Casa de Nariño pueda en verdad hacer trizas el acuerdo?

 

E.S.: Algún sector de la sociedad colombiana aun no se ha enterado de que el acuerdo no lo firmó un gobierno, sino que lo firmó el Estado y los Estados tienen obligaciones ante la comunidad internacional. Así que lo de hacerlo “trizas” es bastante complicado, porque el acuerdo ha implicado una serie de reformas constitucionales que ya están aprobadas. Además, está firmado y convertido en una declaración unilateral del Estado ante la comunidad internacional y está incluido en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quienes lo están implementando en lo relativo a la verificación.

 

El mayor riesgo que veo no es hacer trizas el acuerdo, es la dejadez y la falta de voluntad del gobierno en su aplicación, en no cumplirlo y no ejecutarlo y eso solo tiene una forma de corregirse, que no es jurídica, sino política. Conformando gobiernos amplios, de distintas fuerzas políticas, sociales y económicas que se unan con el denominador común de la implementación del acuerdo de paz para modernizar el país. Esta modernización no depende de la JEP, si no de la aplicación de la reforma rural, la reforma electoral que contempla el acuerdo, la erradicación de la violencia de la vida política, de los programas de sustitución de los cultivos ilícitos, etc.

 

La JEP podría funcionar durante los quince años pactados y no implementarse el 90 por ciento del acuerdo. La JEP es tal vez un cinco por ciento del acuerdo, no es más, así que todas las cuestiones estructurales que afectan a la economía, a la organización del Estado, o a la recuperación social, son las que tienen urgencia en ser implementadas.

 

Si algún gobierno venidero cae en la tentación de hacerlo trizas, tendrá una responsabilidad política importante porque debe saber que lo que hará será volver al conflicto y eso es de una tremenda irresponsabilidad que ni siquiera, creo yo, la extrema derecha colombiana sea capaz de hacer.

 

Foto: Cortesía

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces de interés:

 

Aspectos principales de la Jurisdicción Especial para la Paz

http://www.oim.org.co/sites/default/files/Infografi_a%20JEP%209.pdf

 

Estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz

http://www.oim.org.co/sites/default/files/Infografi_a%20JEP%20Flujo%201.pdf

 

Arquitectura de la Jurisdicción Especial para la Paz

http://www.semana.com/nacion/multimedia/infografia-arquitectura-de-la-jurisdiccion-especial-para-la-paz/519315

 

ABC. Jurisdicción Especial para la Paz

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/abc-jurisdiccion-especial-paz.html

 

Siete pasos para entender qué es la Jurisdicción Especial para la Paz

http://dplf.org/sites/default/files/colombia-1-final-larga.jpeg

 

JUSTICIA PARA LA PAZ

Foto: Bibiana Pineda

PERIODOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA

ESPECIAL PARA LA PAZ

 

Primer periodo de presentación de acusaciones:

 

El acuerdo señala que se tienen que presentar todas las acusaciones que hay sobre el conflicto. Esto es, todas las que actualmente existen en órganos judiciales ordinarios, todas las de la fiscalía y otros organismos acusadores del Estado (Justicia Penal Militar, Procuraduría, Contraloría, etc.) y, como hecho innovador, todas las que quieran presentar las víctimas colectivamente (no se aceptan acusaciones individuales) por medio de las organizaciones de derechos humanos o de víctimas del conflicto.

 

Segundo periodo:

 

Una vez están ordenadas todas las acusaciones, hay un plazo en el que se ponen a disposición de  los acusados para su reconocimiento, o no, de los hechos. Si reconocen, deben comparecer en la Sala de Verdad (esto al margen de que haya ido a la Comisión de la Verdad, o no) y si lo hace en esta fase - no en juicio- la sanción impuesta es restaurativa, es decir, que repara el daño causado. Esa sanción no es inventada por nadie, sino que está contenida en las acciones de los distintos acuerdos que hacen parte del gran acuerdo final que, entre otras cosas, incluyen sustitución de cultivos ilícitos, desminado, reparación de las víctimas en ayuda a la reforma rural, al retorno de desplazados, entre otras.

 

Con esto se gana que, en caso de que futuros gobiernos  se nieguen a cumplir el acuerdo –algo habitual-, va a haber decenas de miles de personas “condenadas” a cumplir el acuerdo por un mandato judicial.

 

Cuando hay acusaciones fraudulentas, o simplemente que el inculpado no quiere reconocer, se inicia un procedimiento judicial que puede acabar, o bien, con absolución, o bien con una condena máxima de hasta veinte años de cárcel dependiendo del delito.

 

Hay un mecanismo de estímulo al reconocimiento de la verdad y es que si  una vez iniciado el juicio, y antes de que se profiera sentencia, el inculpado cambia de criterio y “recuerda” los hechos reconociendo la verdad, se le impone una sanción intermedia, a la que el sistema llama alternativa, que comienza con prisión y con el paso del tiempo pasa a ser restaurativa con la obligación de reparar a la comunidad.

 

Hay unos mecanismos que permiten una gestión rápida para que el sistema no colapse. En el reconocimiento de la verdad, el acuerdo contempla que se puede hacer tanto individual como colectivamente. Ejemplo: un batallón del ejército, o las FARC como grupo, pueden examinar todas las acusaciones en su contra y reconocerlas individualizando responsabilidades para que sea impuesta la sanción de tipo restaurativo. De esta manera se estimula que el sistema pueda funcionar.

POR QUÉ SE DEBE EVITAR EL TÉRMINO DE JUSTICIA TRANSICIONAL

 

En primer lugar porque como su nombre indica, de una forma literal y rigurosa, la justicia transicional es el paso de un régimen autoritario a un régimen democrático. No es el caso de la finalización de un conflicto armado donde aplica prioritariamente el Derecho Internacional Humanitario (DHI), no el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues cada uno de estos modelos aplicables es diferente.

 

La prueba más fehaciente es que el DIH aplicable a los conflictos armados, no solamente permite, sino que contempla a la finalización del conflicto aplicar la amnistía más amplia posible, según el Artículo 6.5 del Protocolo Adicional II de la Convención de Ginebra, previsión que no existe en un marco de justicia transicional de una dictadura a una democracia. Esto no es solo un problema de términos, pues la utilización de un término u otro tiene unas consecuencias en el derecho aplicable a cada situación. En el caso colombiano el término que se debe utilizar es el de “justicia para la paz”.

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